Los pequeños productores marchan por la crisis de la Agricultura Familiar

24 julio, 2018

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Organizaciones representativas de pequeños productores, agricultura familiar, campesina e indígena de todo el país expresan, una vez más, la crítica situación productiva, económica y financiera que atraviesan las familias del sector.

Alertan sobre las dramáticas consecuencias que las políticas del gobierno nacional, políticas que no garantizan las condiciones mínimas para seguir produciendo. El sector se extingue y se empobrecen los pueblos del interior y se apagan los territorios rurales; la tierra y la producción se extranjerizan, se concentran y los consumidores pagarán alimentos cada vez más caros.

Luego de las políticas que vaciaron el sector en estos últimos años, este gobierno continua con el desmantelamiento. Al congelar el Monotributo Social Agropecuario y eliminarlo definitivamente el Ministerio de Agroindustria quita la posibilidad de que el pequeño productor sea reconocido como un sujeto que invierte, produce y comercializa, y se le quita el derecho a gozar de la Obra Social y la Jubilación. Era la única herramienta de regularización del trabajo que el Estado tenía para el sector.

Por otra parte, no se han encontrado respuestas ciertas de las autoridades de Agroindustria para avanzar con normativas, programas, registros y ámbitos de diálogo que beneficien al sector. Por el contrario, fueron abandonadas las buenas iniciativas que se pedían profundizar. La ley N° 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, aprobada en diciembre de 2014, aún no fue reglamentada y las propuestas y aportes de los pequeños productores elaborados con alta participación de las organizaciones no fueron tenidos en cuenta. Mientras tanto, los conflictos de tierras, desalojos y situaciones de violencia contra familias de agricultores y comunidades continúan y en algunas zonas, se han agravado.

Las medidas económicas y financieras que ha adoptado el gobierno, vinculadas a la toma de deuda externa, a la devaluación del peso, al pago de exorbitantes tasas de interés que superaron el 50%, al incremento de tarifas y combustibles, y a la apertura indiscriminada de importaciones de productos agrícolas y alimentos, impactan drásticamente en la actividad. Se han contraído deudas para adquirir insumos y seguir produciendo y ya no se podrán pagar.

La única respuesta es el recorte y el desmantelamiento de las áreas del Estado dedicadas a llevar adelante políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la agricultura familiar, campesina e indígena. La falta de presupuesto para el sector, el desmantelamiento de los equipos territoriales de la Secretaría de Agricultura Familiar y de las barreras sanitarias del SENASA que se cristaliza a través de los despidos masivos en el Ministerio de Agroindustria, también reflejan el desinterés del Gobierno actual en las políticas para la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y ponen en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria de nuestra población.

Por todo lo expuesto, este 26 de julio marchamos al Ministerio de Agroindustria para solicitar:

– Inmediata AUDIENCIA con el Ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, para que dé respuesta a nuestros planteos.

– La continuidad indeterminada del Monotributo Social Agropecuario, de titulares adscriptos y la incorporación de nuevos titulares.

– Urgente implementación de medidas que beneficien al sector. Tarifas diferenciadas para la electricidad y gas oil. Créditos blandos a tasa subsidiada. Subsidios a los insumos utilizados en la producción. Implementación plena de la Ley de Emergencia Social.

– Que el Estado garantice el derecho al uso propio y el orden público en el régimen de semillas.

– La inmediata REGLAMENTACIÓN, teniendo en cuenta los aportes a las organizaciones de la agricultura familiar campesina e indígena, de la ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar aprobada en diciembre de 2014. Así también como la asignación presupuestaria acorde para los órganos de aplicación y promoción contemplados en la misma.

– Incrementar el presupuesto de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA FAMILIAR, COORDINACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL DEL MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA DE LA NACIÓN, para hacerlo acorde a las necesidades de atención y promoción del sector.

– La REINCORPORACIÓN de las trabajadoras y trabajadores despedidos injustificadamente del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y SENASA.